La Asociación Nacional de Juegos y Loterías (ANJL) y el Instituto Brasileño del Juego Responsable (IBJR) han acudido al Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil para solicitar la suspensión de la medida provisional que prohíbe las apuestas de cuota fija y los juegos online en el país.
La petición fue presentada el 28 de septiembre ante el ministro Luiz Fux, que ya es responsable de otros procesos relacionados con el marco regulatorio de las apuestas en Brasil. Las entidades solicitan la suspensión inmediata de la medida y argumentan que su aplicación puede provocar efectos irreversibles antes de que el Congreso pueda pronunciarse sobre ella.
Entre sus argumentos, las asociaciones invocan los principios de libertad económica, competencia y seguridad jurídica. Según sostienen, la prohibición interrumpe de forma abrupta un mercado que había sido regulado por el propio Estado y en el que las empresas autorizadas realizaron inversiones, pagaron impuestos y contrataron trabajadores bajo el marco establecido en 2023.
El sector también cuestiona la utilización de una medida provisional para introducir el veto y sostiene que no se habría acreditado la urgencia necesaria ni se habrían presentado estudios técnicos suficientes para justificar el cambio de rumbo regulatorio. Estos argumentos forman parte de la posición de las asociaciones y deberán ser valorados por el Supremo.
Una medida con aplicación inmediata
La medida provisional firmada por el presidente Luiz Inácio Lula da Silva el 25 de septiembre prohíbe la explotación, oferta, intermediación y publicidad de las apuestas de cuota fija, conocidas como bets, tanto en apuestas deportivas como en juegos online. El Gobierno ha señalado que la decisión responde, entre otros motivos, a la preocupación por el endeudamiento de los hogares y los problemas asociados al juego.
La norma tiene efectos inmediatos, aunque su vigencia está sujeta al procedimiento legislativo correspondiente. La medida provisional tiene inicialmente una vigencia de 60 días, prorrogable por otros 60, durante los cuales debe ser examinada por el Congreso.
El Supremo deberá determinar ahora cómo tramitar la solicitud presentada por las asociaciones. La Abogacía General de la Unión (AGU) ha pedido al ministro Fux disponer de un plazo de 72 horas para presentar sus argumentos antes de una eventual decisión sobre la suspensión.
